Avala Congreso del Estado Dictamen para inhabilitar a funcionarios públicos de acuerdo a irregularidades cometidas

Asimismo, se aprobó la renuncia de Héctor Sánchez Sánchez como magistrado del TSJ, así como un exhorto para facilitar la expedición de Constancias de No Antecedentes Penales

También se presentan Iniciativas a favor de las personas con discapacidad y de los derechos de la niñez

Como parte de las acciones de combate a la corrupción, el Pleno del Congreso del Estado avaló por unanimidad de votos el Dictamen para reformar el artículo 65 del Código Penal, con la finalidad de establecer que la inhabilitación para desempeñar empleos o cargos para funcionarios públicos que hayan cometido alguna irregularidad, se dará de acuerdo a la falta cometida.

En su intervención, el diputado Eduardo Castillo López señaló que la inhabilitación es un mecanismo idóneo para el combate a la corrupción, ya que se deja fuera del servicio público a aquellos individuos que han afectado los intereses de la colectividad.

“Lo que permite desarticular las redes de corrupción que pudiera existir dentro de la función pública, con la finalidad de sancionar estas acciones y recuperar la legalidad de las instituciones y dependencias gubernamentales, lo que también permite mejorar la relación gobierno-ciudadano”.

Con la inhabilitación se genera no sólo la pérdida del cargo de aquellos sobre los cuales recae la sanción, sino también la incapacidad para obtener los mismos u otros de igual categoría de ramo similar, por un plazo que se fijará en la sentencia que deberá ser acorde a la falta cometida.

Por otra parte, las y los diputados aprobaron por mayoría de votos el Acuerdo de la renuncia voluntaria e irrevocable del Ciudadano Héctor Sánchez Sánchez, al cargo de Magistrado Propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, y de Humberto Arróniz Meza, al cargo de Magistrado Suplente.

De la misma manera, el Pleno del Congreso avaló el exhorto presentado por el diputado José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez a la Fiscalía General del Estado, para que proporcione el servicio de trámite para la expedición de la Constancia de No Antecedentes Penales a través de sus cuatro Fiscalías de Investigación Regional, o en su caso, establezca los mecanismos e instrumentos de coordinación y vinculación con los Centros Integrales de Servicios (CIS) del Estado.

Esto, con el objetivo de acercar y facilitar el trámite de esta constancia a la población.

PRESENTAN INICIATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

En más del orden del día, la Mesa Directiva dio cuenta de las Iniciativas presentadas por la diputada María Isabel Merlo Talavera; la primera para adicionar la Ley para las personas con Discapacidad, con la finalidad de establecer las medidas que garanticen la participación de las personas con discapacidad en todo el Proceso legislativo.

Para este fin, se propone adicionar el Título Décimo, Capítulo Único denominado de las Consultas Previas, a la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla.

Y la segunda Iniciativa, para adicionar la fracción XI al artículo 16 de la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla, con el propósito de establecer el derecho a la Consulta, en materia de personas con discapacidad, que está consagrado en los tratados internacionales y en las resoluciones judiciales, pero no en las leyes sobre la materia.

Ambas propuestas legislativas fueron turnadas a la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad, para su análisis y dictaminación.

En el punto 19 del orden del día, se dio cuenta de la Iniciativa presentada por la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia para adicionar el artículo 60 Bis a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, con el objetivo de establecer que las normas aplicables para este sector de la población deberán estar dirigidas a visibilizar, promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, en aras de alcanzar la igualdad sustantiva.

La Iniciativa fue dirigida a la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez, para su análisis y resolución procedente.

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